viernes, 5 de febrero de 2016

Articulos opinión: Primacía y efecto directo del derecho comunitario


PRIMACÍA Y EFECTO DIRECTO DEL DERECHO COMUNITARIO
(a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 12-09-2013)


El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Ad­ministrativo, Sección Segunda). al resolver el recurso de casación para unificación de doctrina, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la responsabilidad del Agente de Aduanas (hoy, representante aduanero) cuando actúa en nombre y por cuenta del importa­dor, es decir, en representación directa, estableciendo la doctrina de que, conforme a la normativa comu­nitaria, no asume responsabilidad alguna respecto de la deuda aduanera, o dicho en terminología comuni­taria, no es "deudor de la deuda aduanera", pese a que la Ley española (artículo 43.1 .e) de la LGT, texto originario) le impusiera la condición de responsable subsidiario. Al resolver así, el Tribunal Supremo ha desautorizando la tesis seguida por la dictada por la homologa Sala de la Audiencia Nacional, que casa y anula, confirmado la doctrina seguida por la senten­cia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana ("sentencia de con­traste" ) al afirmar que frente a Reglamento comuni­tario no es oponible el derecho interno, merced a su eficacia y aplicabilidad directa.

No es esta la primera vez que se plantea la cues­tión de determinar la responsabilidad del "represen­tante aduanero" a la luz de las disposiciones de la norma comunitaria frente a las disposiciones de nor­mas internas. Debo que señalar al respecto que –por lo que a mí se me alcanza- siempre ha sido motivado por la actuación de esta Aduana de Valencia -y omi­to el nombre del padre "intelectual" de esa conducta, por aquello de que se dice el pecado pero no el peca­dor-. Y también debo señalar que en todos los casos conocidos, los acuerdos de esta Aduana en tal senti­do, basadas en normas de origen interno, han sido anulados por la Sala de lo Contencioso-Administra­tivo del TSJ competente, fundamentado sus senten­cias en normas comunitarias.

También debo señalar que la redacción originaria del artículo 43.1 .f de la Ley General Tributaria -y así quedó probado en el proceso- determinó la inicia­ción de un procedimiento sancionador contra el Rei­no de España por parte de la Comisión, por entender ésta que era contrario a la norma comunitaria sobre la materia. La simple comunicación de ello determi­nó la inmediata reforma de aquel texto, excluyendo de su ámbito de aplicación la "deuda aduanera". Ten­go para mí que "la autoridad competente" era totalmente consciente de que el texto originario contra­riaba lo dispuesto en la norma comunitaria y que, no obstante, persistió en su propósito de restablecer la responsabilidad subsidiaría del "representante adua­nero" que actúa en representación directa, estableci­da en el ya inaplicable Texto Refundido de los Im­puestos Integrante de la Renta de Aduana, versión R.D.Legislativo 1299/86; y se sintió "pillado" cuando recibió la comunicación de apertura del procedi­miento sancionador; de ahí la rápida modificación de aquel texto.

Aunque los principios de primacía y efecto directo del derecho comunitario, afirmados por el TJCE desde 1971, vienen siendo reconocidos en España de forma pacífica por la doctrina y la jurisprudencia desde hace mucho tiempo, parece que también lo sea ahora por parte de la Administración, por lo menos en declaraciones de principios o intenciones. Sirva de ejemplo lo dicho por el Ministro del Ramo en el primer párrafo del preámbulo del R.D. 515/2013, de 5 de julio: "desde ese momento (de la adhesión), "España, como Estado miembro, queda obligada a aplicar el Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con los principios de primacía y efecto directo del derecho europeo y el de colaboración leal". Amén..

In Memoriam


Enrique Silvestre
Abogado