martes, 9 de febrero de 2016

Artículos opinión: Nuevo Código Aduanero


NUEVO CÓDIGO ADUANERO



Como es habitual en disposiciones de este nivel y siguiendo la técnica legislativa acostumbrada en el ámbito comunitario, el Código mantiene la distinción entre “entrar en vigor”· y “aplicar”, como también lo hizo en el Código Aduanero Comunitario, que entró “en vigor” el tercer día siguiente al de su publicación, el 22 de octubre de 1992, y se “aplicó” a partir del 1 de enero de 1995. 


El nuevo Código Aduanero de la Unión entra “en vigor” a los veinte días de su publicación, o sea, el 30 de octubre, y se “aplicará” a partir del 1 de junio de 2016. El tiempo que media entre ambas fechas es lo que en nuestra técnica legislativa se llama “vacatio legis”, de larga duración en este caso. Durante ese largo período, la Comisión, en uso de los poderes que le otorga el artículo 284, deberá adoptar, asistido por el Comité del Código, una serie de decisiones sobre el propio Código en varios de sus artículos, los únicos que, además de entrar en vigor, se aplican a partir del 30 de octubre. Serán las llamadas reglas de aplicación. Mientras tanto, seguirá siendo aplicable el actual Código Aduanero Comunitario.

En este aspecto lo primero que llama la atención es la derogación del llamado “Código Aduanero Modernizado”, aprobado por el Reglamento (CE) 450/2008, que nunca ha llegado a aplicarse y que fue anunciado (“vendido” según expresión coloquial) como imperativamente necesario, porque el Código Aduanero comunitario de 1992 era ya “obsoleto”.

Todavía recuerdo, y supongo que otros muchos también lo recordarán, que fue comparado con el viejo reloj de los tiempos de estudio universitario. Los hechos han demostrado que ni el reloj era obsoleto, puesto que sigue y seguirá aplicándose hasta -por lo menos- el 1 de junio de 2016- ni había necesidad de sustituirlo por el “no nato” “modernizado”.

Ese Código “modernizado” sirvió como excusa para el R.D. 335/2010, que teóricamente entró en vigor al siguiente día de su publicación, pero que la Administración aduanera aplica podríamos decir que a regañadientes en contadas ocasiones, sin que más de 3 años después de su entrada en vigor haya desplegado toda su eficacia.

En sus palabras iniciales -lo que aquí llamamos “exposición de motivos”- hay algunas realmente ilusionantes: “En la sucesiva modernización de la legislación aduanera deben tenerse en cuenta la opinión de los operadores económicos, a fin de garantizar que la simplificación administrativa sea efectiva”. No estará de más que, bajo el epígrafe de “operadores económicos”, se incluya a los profesionales de la representación aduanera por ser los que mejor conocen el funcionamiento del servicio aduanero. También resulta gratificante leer que “es oportuno tener en cuenta la buena fe de los operadores en el caso de las deudas aduaneras que nazcan por el incumplimiento de la legislación aduanera y reducir en todo lo posible las consecuencias de la negligencia del deudor”. Confiemos en que así sea y que en lugar de ser ilusionantes, no se vuelvan en ilusorias. Por el contrario, hay otras preocupantes: cuando se apela reiteradamente a “una mejor protección” “salvaguardar” y “proteger” los intereses financieros de la Unión”.

Estamos viendo casos en los que disposiciones dictadas para hacer frente a situaciones de grave incumplimiento de obligaciones fiscales, monetarias o de seguridad se aplican a otros casos no caracterizados por esa gravedad. Es deseable que, sin merma alguna de tan altos propósitos, asistamos simultáneamente a lo que se dijo en otra ocasión: “Es una declaración de principios de aplicación general en el conjunto del sistema tributario con el fin de mejorar sustancialmente la posición jurídica del contribuyente en aras a lograr el anhelado equilibrio en las relaciones de la Administración con el administrado y reforzar la seguridad jurídica en el marco tributario”. Se trata de valores tan dignos de protección como los de los intereses financieros de la Unión.

In Memoriam
Enrique Silvestre
Abogado